La Alianza pide a la Diputación que medie en las plantas de purines

En la reunión mantenida este martes entre representantes de la Alianza por la Unidad del Campo y responsables de la Diputación, los representantes de esta organización agraria han transmitido la preocupación que existe en el sector porcino soriano con la reforma del sector eléctrico que va "abocar al cierre a las cuatro plantas de tratamiento de purines de la provincia poniendo en serio peligro las explotaciones porcinas sorianas". Como se sabe, las localidades de Almazán (2), Ágreda, Los Rábanos y Langa de Duero cuentan con este tipo de plantas que transforma los detritus ganaderos, fundamentalmente de la cabaña porcina.

Esta agrupación, formada por las organizaciones agrarias UPA y COAG, ha querido poner de manifiesto el riesgo que supone para el sector la aprobación de los parámetros retributivos anunciados por el Gobierno, que se reducen en más de un 40% el precio de la energía eléctrica obtenida por el tratamiento de purines.

Así, han expuesto que la propuesta del Real Decreto y la Orden Ministerial por las que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, hace una "errónea equiparación" de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín con las plantas de cogeneración convencional, "lo que resulta discriminatorio en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos".

De confirmarse la aprobación de dicha propuesta, han avanzado que se espera el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purín "ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, cuya aplicación está prevista además que se realice con carácter retroactivo desde julio de 2013".

Una situación por la que "se pone en peligro la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas" que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las plantas de tratamiento, "e implica la pérdida de más de 60 empleos directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales", han explicado.

Estas centrales permiten a las explotaciones porcinas llevar a cabo una gestión adecuada de los purines, de manera que se pueda mantener la actividad ganadera en el territorio y se garantice una correcta gestión de estos, evitando la distribución directa de los purines sobre las fincas agrícolas". Lo cual "va a incrementar considerablemente el precio que debe pagar el ganadero para desprenderse de los purines, sin olvidarnos de los desagradables olores que vamos a tener que soportar las poblaciones próximas a las fincas de tratamiento directo".

Por todo ello, han transmitido a la Diputación que "haga todo lo posible" por mantener esta actividad y a su vez también han pedido que desde la institución exijan a los Miniesterios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo así como al Gobierno que "garanticen la continuidad de las plantas y de las explotaciones porcinas que dependen de ella".