Los rehaleros avisan: “Vendremos a Soria el día 23 con nuestros perros si no se retiran las denuncias”

Alcaldes de la provincia, la Federación regional de Caza así como organizaciones agrarias y hosteleros respaldan a una actividad que deja cerca de 100 millones de euros al año en la provincia.

Mucho daño está haciendo la normativa de bienestar animal para el colectivo de rehaleros de Soria. Un reglamento que obliga entre otros apartados a que los animales deban de mantenerse en un entorno con unas temperaturas entre los 20 y los 22ºC. “A este paso tendremos que arropar con abrigos y bufandas al ganado en el campo”, ha ironizado este viernes en Soria el presidente de la Federación Regional de Caza, quien ya con más seriedad ha lamentado que “hay muchos seres humanos de Castilla y León y de España que no pueden permitirse estar en estas condiciones”.

Y es que la denominada Operación Podenco ha afectado el ánimo y ha espoleado la incertidumbre de este colectivo, que suma en Soria 130 rehalas, de las cuales más de un centenar pertenecen a la asociación Arrecal, que agrupa a propietarios de estas jaurías. Su presidente, José Sanz Calvo, ha dado lectura a un manifiesto en el que rechazan el trato que se les está dando, tras haber sido cursadas 18 denuncias en la provincia hacia “gente humilde” cuyo esfuerzo por mantener la actividad no se está viendo respaldado por la ley.

Sanz ha avanzado que no estarán en “ninguna montería” a partir del día 23 de no ser archivadas las denuncias interpuestas por la Fiscalía, toda vez que ha manifestado que el “acoso” que está sufriendo el colectivo en la provincia de Soria. Provincia que por otro lado es la de mayor número de rehalas posee.

En lo que es “odio y obstinación” hacia esta actividad por parte de un sector “populista y desconocedor del mundo rural”, Sanz ha indicado que este modo venatorio es “legal y honorable”, y ha pedido “respeto” al igual que se les da a los propietarios de mascotas, sin entrar en agravios comparativos. Además, ha incidido en la “debilidad” de algunos funcionarios “aleccionados” por corrientes animalistas que dan continuidad a esta situación.

Igualmente, ha avanzado que no permitirán “injurias” en lo que es “acoso y ataque”, sobre todo en las redes sociales, donde se está causando “daños irreparables” por la “crueldad” de los acusadores, si bien los rehaleros son los primeros en cuidar de sus canes. De hecho, ha descrito la situación que viven en la provincia, donde el trato que dan a sus animales es el mismo que el dispensado en el resto del país en donde existen rehalas. “49 provincias no pueden estar equivocadas frente a Soria”, ha remarcado en un mensaje en el que la Fiscalía solo parece fijarse en la actividad aquí.

Por ello ha puesto en aviso a las autoridades la intención del sector de no acudir a ninguna cacería donde se requieran rehalas hasta que no cese este problema. “Confiamos en que el domingo 23 esté solucionado”, porque de lo contrario traerán sus perros “al centro de Soria para que vayan haciendo patas”.

Fundamentalismo

Por su parte, Santiago Iturmendi, siempre bajo la premisa de “tolerancia cero” en el maltrato animal, se ha preguntado “por qué le ha tocado a Soria y no a ninguna de las otras 52 provincias de España” la vigilancia impuesta y el abultado número de denuncias. Aún así ha anunciado que la ley de bienestar animal será próximamente de competencia regional, por lo que ha invitado a los políticos a ignorar a los radicales y su “fundamentalismo” a la hora de elaborar los textos legales en cada autonomía. Así, ha considerado que es preciso separar a los perros de caza con los de otro tipo, en aras de la “funcionalidad” para la labor que desarrollan. En este punto ha explicado que las amputaciones en algunos casos son necesarias, sobre todo en orejas y rabos, ya que los perros resultan heridos en estos apéndices durante en cacerías. También ha coincidido en afirmar a este periódico que en ningún caso se habla de la castraciones de animales de compañía, un hecho que sí está admitido y que se prodiga sobre todo en los felinos domésticos.

El responsable regional de caza también ha mostrado su confianza en que estos hechos acaben siendo “una mala pesadilla” que tenga pronta solución. Solución para un problema en una actividad que genera 6.000 millones de euros en España, 600 en Castilla y León “y en torno a los cien en la provincia de Soria”.

Controlados en todas las inspecciones

Entre los alcaldes, el regidor de Almazán, José Antonio de Miguel ha confesado entender la vigilancia a la que los rehaleros están sometidos en la provincia. “Nos tienen controlados en todo tipo de inspecciones: en comercio, en hacienda, en trabajo. Somos el chivo expiatorio”, ha afirmado, recalcando de paso su disconformidad por las denuncias cursadas por la vía penal.

El alcalde adnamantino ha razonado su parecer sobre la necesidad del mantenimiento de la caza, sobre todo en una provincia como la de Soria. Por un lado el apartado económico, que deja un importante número de ingresos; por otro, el “equilibrio natural” que debe existir entre la caza y los cultivos, ya las especies mayores producen graves daños a fincas de girasol o de cereal. Y por otro, los accidentes que causan los animales salvajes en las carreteras sorianas. “Se trata de una persecución injustificada, un disparate”.

Y aludiendo a los animalistas y al supuesto maltrato animal, De Miguel ha mostrado su preocupación a que la legislación también pueda afectar en un futuro al ganado ovino, ya que a las reproductoras se les practica la amputación de la cola para asegurar su cubrición y posterior gestación.

Junto a los anteriores se encontraba el presidente de la Mancomunidad de los 150 pueblos, Pedro Asensio, quien ha lamentado la “situación injusta” por la que atraviesan las rehalas sorianas, y ha explicado que la caza es el segundo aporte de ingresos que tiene agrupación municipal que encabeza, por detrás de los aprovechamientos forestales. También por último, ha recalcado que es precisa una legislación “con todos los agentes sociales” para una labor que es necesaria.

Por último, en la Federación de Caza de Castilla y León se señala que existen informes como el de la Universidad de Veterinaria de León, así como técnicos de la Junta y autores especializados -como el catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de Castilla La Mancha Cristian Cortázar- que no ven delito en las amputaciones y abogan por este tipo de operaciones en aras del bienestar de los perros.