Junta y Diputación colaborarán en el establecimiento de sistemas de depuración en la provincia

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy un protocolo de colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para promover el establecimiento de sistemas provinciales de depuración de las aguas residuales en la provincia que permita en todas las aglomeraciones urbanas una depuración de forma adecuada. Para poder avanzar en la gestión integral de la depuración, tanto la Diputación Provincial como la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, consideran imprescindible contar con un análisis de la depuración de las aguas residuales urbanas en la provincia, tanto de la situación real actual, como de las necesidades que en materia de infraestructuras se pudiera precisar.

Las características de la mayoría de los municipios, con reducida población residente de manera permanente y mucha variabilidad estacional, unido a las dificultades intrínsecas para gestionar y explotar las instalaciones de depuración, aconsejan el establecimiento de un modelo provincial que, bajo la dirección de la Diputación, contemple las distintas posibilidades para poder llevar a cabo, tanto la construcción de nuevas infraestructuras como la explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de depuración existentes y/o resultantes.

En base a este protocolo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente muestra su voluntad de participar en el impulso, desarrollo y coordinación de los estudios encaminados para contar en la provincia de Soria con un modelo integral de depuración para todas las localidades menores de 20.000 habitantes, entendiendo que son estos municipios los que pueden tener mayores problemas para cumplir de forma directa con las prescripciones legales. Sin perjuicio de que voluntariamente, puedan incorporarse todos aquellos municipios que lo consideren pertinente. Estos modelos analizarán todas las posibles opciones, pasando desde la gestión directa por la Diputación o ayuntamientos, bien de manera individual o mancomunada, hasta soluciones de colaboración público-privada; matizando las debilidades y fortalezas de cada una de las posibilidades.

Por su parte, la Diputación muestra su voluntad para determinar en un corto plazo la situación detallada de la depuración de la provincia, y más en concreto, la de todos aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, realizando un análisis sobre la situación actual real y las necesidades en materia de infraestructuras que pudieran ser necesarias en cada provincia.

Determinada la situación de la provincia en materia de depuración, así como las distintas posibilidades, conforme a los modelos que se desarrollen, ambas administraciones contarán con los datos más precisos para poder establecer un modelo inicial de financiación. En todo caso, serán los convenios específicos que se firmen en el futuro los que determinarán la aportación de cada parte, siendo voluntad de ambas –en virtud de sus competencias- la de participar en las proporciones que se determinen atendiendo a los distintos criterios que se establezcan, tales como inclusión en espacios naturales, número de habitantes, dispersión, despoblación, etc.

En el plazo de un mes desde la firma del protocolo se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de la Junta de Castilla y León y dos de la Diputación Provincial.