El Consejo de Cuentas constata un importante incremento de los fondos líquidos de las entidades locales de la Comunidad
Este órgano regional recomienda que las entidades locales eviten capitales líquidos inmovilizados por encima de las necesidades de tesorería para poder atender necesidades en el marco de sus competencias y dentro del cumplimiento de la normativa presupuestaria.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León constata un importante incremento de los fondos líquidos del remanente de tesorería de las entidades locales de la Comunidad, según queda reflejado en su reciente “Informe de las consecuencias económico-financieras de la aplicación de las medidas establecidas en la Ley estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en las entidades locales de Castilla y León, ejercicios 2010-2017”.
De forma coherente con lo observado en el informe “Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2019” publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ese incremento de disponibilidad de efectivo en las entidades bancarias se ve reflejado tanto en el conjunto de las diputaciones provinciales, los ayuntamientos capitales de provincia, como en el resto de los municipios con población superior a los 10.000 habitantes.
Según reflejan las recomendaciones del informe publicado el pasado 12 de diciembre, el Consejo de Cuentas entiende que las entidades locales deben estudiar qué necesidades, dentro del ámbito de sus competencias, son susceptibles de recibir un mayor esfuerzo presupuestario, puesto que, una vez aplicado el destino del superávit en contabilidad nacional, según lo previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, los ayuntamientos pueden utilizar, conforme a la normativa de haciendas locales, su remanente de tesorería para gastos generales. De esta forma se evitaría la existencia de capitales líquidos inmovilizados por encima de las necesidades de tesorería.
En el caso de las diputaciones, el dato agregado de los fondos líquidos refleja un incremento del 37% en el periodo 2012-2016, que supone 113 millones de euros. De esta forma, han pasado de 308 millones en 2012 a un total de 421 millones en 2016. En el caso de las entidades provinciales este indicador supera ampliamente su endeudamiento por operaciones de crédito, que ha evolucionado en sentido inverso, al pasar de 533 millones en 2012 a 239 millones en 2016.
En cuanto al conjunto de las nueve capitales de provincia, el incremento (94%) representa 93 millones de euros, al evolucionar de los 99 millones registrados en 2012 a 192 millones en 2016.
En relación a los 14 municipios no capitales de provincia con población superior a los 10.000 habitantes, el incremento experimentado es del 71%, lo que supone un total de 28 millones de euros. El dato agregado de estos ayuntamientos varia de los 40 millones de 2012 a los 68 millones de 2016.
Cabe recordar que, como consecuencia de la crisis económica, las medidas de control del déficit público y la entrada en vigor de la normativa de estabilidad presupuestaria, se produjo una disminución del gasto de las entidades locales de Castilla y León, en torno al 20%, pasando de 3.072 millones de euros en 2010 a 2.449 millones en 2017. También los ingresos disminuyeron, si bien en menor medida. Especialmente acusada resultó la disminución de los gastos de inversión, alrededor o superior al 50% para todos los grupos de entidades en el tramo 20102012, manteniéndose con carácter general la tendencia decreciente en 2012-2016.
Más datos y el informe, en este enlace.
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