La Ley de Regeneración Urbana facilitará la participación ciudadana para mejorar las ciudades

Se abre a partir de ahora un nuevo periodo de treinta días de consultas y alegaciones para completar un texto innovador en España que pretende dar una solución integral al futuro de nuestras ciudades. De hecho, la Junta de Castilla y León considera que la regeneración urbana debe ser el objetivo de la estrategia urbanística de las ciudades de Castilla y León en el siglo XXI.

Esta regeneración es entendida como la recuperación física y funcional de zonas obsoletas de la ciudad, mediante el establecimiento de condiciones ambientales y socioeconómicas que promuevan el desarrollo sostenible y la calidad de vida de su población. Una recuperación física y funcional de los espacios urbanos vulnerables, de aquellas áreas y barrios que sufren procesos de abandono o donde un porcentaje significativo de la población residente se encuentre en situación de dificultad por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u otros factores de fragilidad social.

Así, los objetivos que se persiguen desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la elaboracón de una normativa que garantice que todas las políticas públicas que actúan sobre las ciudades y pueblos de Castilla y León se orienten hacia la regeneración urbana, clave para revitalizar el ingente patrimonio urbano, para facilitar la innovación y el desarrollo local y para garantizar su sostenibilidad.

Por ello, explicaron que se debe tratar de una ley que promueva tanto la coordinación entre las ciudades y sus alfoces como la integración del medio urbano con el medio natural y que impulse un modelo de desarrollo que rentabilice las infraestructuras construidas y evite la duplicidad de servicios. Un urbanismo de proximidad que disminuya las necesidades de desplazamiento y que facilite el uso y la eficiencia del transporte público.

En gran parte de Europa la rehabilitación supone un porcentaje de la construcción muy superior al de España. Por ello, aseguraron desde la consejería que es necesario reformar las normas para facilitar los procesos de rehabilitación y regeneración urbana, que son muy difíciles por múltiples razones, y más en un contexto de escasez de recursos públicos.